Piden activistas tipificar como delito la violencia cibernética
Entre el grupo de activistas que proponen esta iniciativa, se encuentran Gloria Lizbeth Delgadillo, Cristina Chargoy, Santa Montalvo, Marisol Villaurrutia y Claudia Ángulo Pérez Tagle, quienes coinciden en que es muy difícil pedir justicia ante este tipo de violencia, ya que las instituciones no están preparadas ni cuentan con el andamiaje legal para hacer frente a ese problema.
“Acoso sexual, expresiones discriminatorias, suplantación de identidad, amenazas de muerte, son los principales tipos de violencia que ocurren en internet, lo que impacta, de manera negativa, en las vidas de las víctimas”.
Detallaron que los grupos más vulnerables a la violencia cibernética, son las mujeres de entre 16 y 29 años de edad, periodistas y defensoras de los derechos humanos, de acuerdo al informe “La Violencia en Línea contra las Mujeres en México”, elaborado por el colectivo Luchadoras.
Las activistas, advirtieron que las cifras del Módulo del Ciberacoso 2015 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), colocan a Hidalgo en el número cinco a nivel nacional, con mayor registro de víctimas por este motivo.
Reconocieron que la mayoría de estas víctimas no saben cómo reaccionar y se sienten desprotegidas ante una escasa o nula legislación, en materia de delitos cibernéticos.
Este panorama, dijeron, las motivó a buscar poner freno a los ataques recibidos en las redes sociales. “Por qué si eres hostigada, exhibida y degradada en las redes sociales ¿A quién acudes?, para ir al Ministerio Público se necesita de un ilícito bien especificado y conceptualizado, si no, no procede.
“Luchamos por una ley integral que incluya a varias dependencias e instituciones como la Policía Cibernética y por supuesto al Congreso local, para que haya una legislación que regule las redes sociales y erradique la violencia cibernética, con mecanismos de prevención y acción ante este flagelo”.
Reconocen que esto implicaría una reforma Código Penal del estado, por eso se han acercado al diputado local, Miguel Ángel Peña, del Partido del Trabajo (PT), quien ya aceptó realizar un foro el 8 de marzo y comenzar a trabajar una posible iniciativa que reforme la normativa jurídica estatal
